El edificio que el Ministerio de Presidencia del Gobierno de España tiene en el número 54 de la madrileña avenida de Manoteras alberga parte de las instalaciones donde se hace el Boletín Oficial del Estado (BOE). El edificio estáprotegido por vigilantes de seguridad que, desde el pasado marzo, han pasado a depender de la empresa Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como publicó el propio BOE tras sacar a concurso el servicio el pasado 9 de diciembre.
Los profesionales de la protección realizan el mismo trabajo que antes del cambio. Sin embargo, sus bolsillos no ingresan el mismo dinero y por eso ninguno de los cerca de 30 empleados se muestra satisfecho con la situación actual. El nuevo patrón abona a cada vigilante poco más de 700 euros al mes, una vez sumada la paga extra prorrateada, como ha podido comprobar El Confidencial, cantidad que reduce en 400 euros lo que estos profesionales ingresaban antes del cambio de jefe, y sin contar las pagas extraordinarias.
En concreto, estos profesionales han pasado de cobrar casi 1.100 euros al mes a poco más de 700, en los que además se incluyen las mencionadas pagas prorrateadas. La razón, explican fuentes del sector, es que Sinergias de Vigilancia y Seguridad, como otras muchas empresas que prestan este tipo de servicios, se ha descolgado del convenio colectivo estatal, como por otra parte permite la ley tras la reforma laboral emprendida por el actual Gobierno.
El nuevo patrón abona a cada vigilante poco más de 700 euros al mes, una vez sumada la paga extra, cantidad que reduce en 400 euros lo que recibían
La práctica totalidad de los vigilantes afectados por este cambio de empresa han denunciado la nueva situación ante los sindicatos, que estudian en estos momentos la interposición de una denuncia colectiva. Los trabajadores se muestran indignados no solo por la considerable reducción de sueldo, sino también por el hecho de que sea una Administración Pública la que haya contratado con la mencionada mercantil.
Ya el pasado enero, centenares de vigilantes que prestan servicio en la protección de los edificios judiciales de la Comunidad de Madrid denunciaronque este último organismo había sacado a concurso la seguridad de los inmuebles y había otra empresa que se había descolgado de convenio que optaba a la licitación con, a su juicio, muchas posibilidades de ganar, dado el bajo precio con el que optaba. La compañía, sin embargo, finalmente se quedó fuera por no haberse presentado a tiempo y los profesionales consiguieron mantener su sueldo.
La diferencia para el bolsillo de los trabajadores entre estas mercantiles que se descuelgan del convenio y las que lo respetan se sitúa en torno a los 6.000 euros anuales, lo que representa una cantidad sustanciosa para los empleados que ya podían darse con un canto en los dientes por ser mileuristas.
Durante los últimos meses, varias compañías de seguridad contra las que han protestado también algunos sindicatos han sufrido el azote de los tribunales, aunque por otros motivos. Alcor, Esabe o Seguridad Integral Canaria se han visto afectadas por procesos judiciales que ponían el foco en la propia compañía o en el proceder de sus directivos.